Lunes 21 de Octubre de 2019
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Publicado en el Boletín Oficial

Las fuerzas de seguridad podrán rastrear a través del DNI antecedentes judiciales en las estaciones de trenes

Jueves 3 de Octubre de 2019
Policías en Estación Retiro. (Foto: Juano Tesone).
© Clarín

El plan, denominado “Ofensores de trenes”, se enmarca dentro de la Ley de Seguridad Interior. Es similar a lo que ocurre en los estadios de fútbol.

Las fuerzas policiales y de seguridad podrán pedir el documento de identidad a toda persona que transite las distintas estaciones de tren en el país para chequear que no tengan causas judiciales abiertas. El objetivo, según lo indica la Resolución 845/2019 publicada este jueves en el Boletín Oficial, será el de prevenir delitos en este sistema de transporte.

El programa, que se llama “Ofensores en trenes”, apunta a identificar a aquellos que puedan tener una “medida restrictiva de carácter judicial”. Para ello, se instruye a las fuerzas a que “extremen los recaudos y facultades de control que le son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que usan el transporte público en trenes de pasajeros”.

El mecanismo, según explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se implementará a través de un software que los efectivos tendrán en sus teléfonos, similar al que se utiliza en los ingresos a los estadios de fútbol.

"La gente va a pasar por un sistema que estará cargado en un teléfono y aquellas personas que tengan un delito previo, se le va a avisar que se lo va a monitorear, se le pide a la Justicia que unifiquen esas causas. Hay gente que tiene más de 10 delitos realizados en el transporte público", explicó la ministra en declaraciones a radio Continental.

Además, explicó que "la Policía siempre ha podido pedir el DNI en los trenes" y que el objetivo de esta medida es "generar una conducta distinta de comportamiento en el transporte público, que es fundamental para toda la gente que viaja". "En los trenes tenemos el mayor número de delitos de acoso, agresiones y lesiones", advirtió.

En una primera etapa, el plan se implementará en las estaciones Retiro y Federico Lacroze de la ciudad de Buenos Aires. Efectivos de Prefectura y Gendarmería también estarán autorizados a llevar a cabo este proceso.

De comprobarse la existencia de medidas de carácter judicial, los efectivos se comunicarán con “la autoridad judicial pertinente” y labrarán un acta “de lo que en consecuencia disponga esa autoridad”.


“En caso de presentarse más de una medida judicial de carácter restrictivo, deberá informarse a los magistrados sobre la existencia de procesos concomitantes y el alcance de las restricciones vigentes”, agrega el documento.

La Resolución del Ministerio de Seguridad explica que la medida se enmarca dentro de la Ley de Seguridad Interior (25.059) y que la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de las fuerzas de seguridad con fines de identificación forma parte de su actividad.

En cuanto a los fundamentos legales, el documento cita un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que en 2016 avaló la facultad de la Policía para pedir documentos a peatones en lugares públicos.

En ese entonces, la Corte porteña había revocado dos fallos de la Cámara en lo Penal y Contravencional que había anulado un operativo en el que un hombre fue detenido en la estación Constitución luego de que se le pidiera el documento y el admitiera que portaba un arma de fuego. La instancia de revisión había entendido que “la policía no se encuentra autorizada a interceptar a un hombre con fines de identificación porque ese proceder constituye una privación de la libertad ambulatoria y por esa razón, sólo podría realizarlo cuando mediara un supuesto de sospecha, que en el caso no se dio”.

Sin embargo, el máximo tribunal de la Ciudad determinó que “la identificación de las personas, en lugares públicos o de acceso público, por parte de la autoridad policial no exige la concurrencia de circunstancias sospechosas o indiciarias acerca de la hipotética comisión de un ilícito que deba ser conjurado, sino que dicha facultad razonablemente se justifica en la propia función de prevención y disuasión que les concierne como funcionarios públicos”.


Fuente: Clarín