Lunes 21 de Octubre de 2019

Política

Bullrich habilitó las detenciones arbitrarias en zonas de trenes

Jueves 3 de Octubre de 2019
La medida se basa en el fallo "Vera", que legitimó las detenciones arbitrarias
© BAE Negocios

Mediante la creación del programa "Ofensores en trenes" las fuerzas policiales y de seguridad tienen permiso para pedir el DNI de personas que circulen por estaciones y así "prevenir delitos"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habilitó a las fuerzas policiales y de seguridad a pedir documentos de identidad de forma arbitraria en las estaciones de tren, con el objetivo de comprobar si existen antecedentes penales y así "prevenir delitos". En la medida no se explica el criterio que deberían seguir las autoridades a la hora de exigir el DNI ni tampoco los pasos a seguir si la persona no posee el documento en ese momento. Además, se basa en el fallo "Vera", un caso de detención arbitraria que fue llevado a la Justicia por inconstitucionalidad.

Con la firma de Bullrich, el Ministerio de Seguridad creó el programa "Ofensores en trenes" a partir de la resolución 845, publicada hoy en el Boletín Oficial. El mismo "funcionará en la órbita" de dicha cartera y "tendrá por finalidad la prevención de delitos en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros", indica la norma.

La resolución indica que se deberá instruir a las fuerzas policiales y de seguridad --entre las que se incluyen la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional--, "a los efectos de que extremen los recaudos y facultades de control que le son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros, teniendo por objeto, a través de la verificación de identidad de las mismas, la constatación de la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial".

En la norma se indica que "en caso de comprobarse la existencia de medidas restrictivas se comunicarán a la autoridad judicial pertinente", y se labrará "un acta en la que se notificará a la persona identificada de lo que en consecuencia disponga dicha autoridad".

"El compromiso del Estado Nacional con la seguridad pública genera la necesidad de actualización permanente en la elaboración de políticas públicas que apunten a la prevención, en especial en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros, con el propósito de evitar los comportamientos delictivos que se suscitan a diario, en este caso, extremando los recaudos y las facultades de control que son propias de las fuerzas policiales y de seguridad", justificó el Ministerio de Seguridad.

Dentro de los considerandos de la resolución se asegura que "la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, en este caso exigir la exhibición de su documento de identidad, forma parte de su actividad, toda vez que tiene entre sus funciones la de 'prevenir delitos'".

"En consecuencia, la solicitud de documentos en la vía pública a las personas en ejercicio de controles generales, constituye una de las facultades propias del ejercicio del poder de policía del Estado en materia de prevención del delito", se explica.

Para justificar esto, el Ministerio de Seguridad se apoya en el fallo "Vera": el mismo se remonta a un caso de 2015, de un joven que fue detenido y requisado en el hall de la estación Constitución del tren Roca bajo el argumento de que, al pasar por un control policial que se estaba realizando, “había cambiado rápidamente su dirección como queriendo evadirlo”, según explicó el policía que lo paró para pedirle su identificación.


"Según surge del expediente, la detención no estuvo relacionada con el pedido de identificación sino que el encausado se puso nervioso y manifestó espontáneamente que tenía un arma de fuego en su poder", explicó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En consecuencia, "el juez de la causa declaró la nulidad del procedimiento policial" y de la detención ya que "la policía no se encuentra autorizada a impedir la libre circulación —aunque fuese por un tiempo mínimo— y de exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo".

La Cámara de Apelaciones apoyó esa postura y se presentó un recurso para declarar inconstitucional el procedimiento, ya que "exigir la exhibición de documentación no son potestades de la policía si no cuenta con un motivo válido para hacerlo" y "aquel motivo no existió" ya que "el control fue realizado al azar".

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, definió rechazar ese pedido. Así, se "habilitó que la policía realice detenciones en la vía pública sin más motivo que la averiguación de identidad", según planteó el CELS en su momento.

La Defensoría porteña, en tanto, expuso que "es arbitraria la sentencia que efectúa una interpretación que se aparta de las reglas del debido proceso, al exigir requisitos no previsto legalmente para que la policía pueda solicitar la identificación de una persona en la vía pública.

El fallo del TSJ estableció que "la policía posee la potestad de requerir la exhibición del documento de identidad siempre que la medida sea ejercida razonablemente, tenga por finalidad prevenir el delito y no viole una garantía constitucional”.


Fuente: BAE Negocios