Jueves 19 de Septiembre de 2019

Política

¿Quiénes espiaron a la familia Maldonado?

Martes 10 de Septiembre de 2019
© La Izquierda Diario

Días atrás un trascendente fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, reabrió la investigación que el año pasado había cerrado el juez Lleral, respecto a cómo murió Santiago. Otra causa que impulsa Myriam Bregman en Buenos Aires, investiga el espionaje sobre sus familiares y organismos de Derechos Humanos, y desnuda quién es quién en esta trama.

Son semanas trascendentes en torno al caso Maldonado, ya que el pasado viernes 6 de septiembre, la justicia federal dispuso revocar el archivo de la causa en que se investiga la muerte de Santiago Maldonado tras la represión de Gendarmería Nacional en el territorio de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut, el primero de agosto de 2017.

La Cámara de Comodoro Rivadavia, al compás de los tiempos políticos nacionales, resolvió después de siete meses la apelación de las querellas contra el cierra de la investigación decretado en noviembre de 2018 por el juez Gustavo Lleral, ordenando la continuidad de la investigación, algunas medidas probatorias concretas, y revocando el sobreseimiento del gendarme Emanuel Echazú, en lo que indudablemente implica un golpe para el Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

La causa que investiga las causas y responsabilidades de la muerte de Santiago Maldonado, no es la única que investiga el accionar del Estado en el caso Maldonado. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos a través de la diputada Myriam Bregman y Matías Aufieri, ha denunciado desde octubre de 2017 ante la justicia federal de Comodoro Py, el espionaje estatal sufrido por ese y otros organismos, y también por Sergio Maldonado, organizaciones solidarias, y la comunidad mapuche.

En esta causa a cargo del juez Daniel Rafecas, el modus operandi de los hombres de Patricia Bullrich, consistió hasta el momento en presentarse de manera espontánea en la causa (al igual que el gendarme Echazú en la causa abierta en Esquel) para controlar en calidad de “imputados” lo que sucede en ella. Así fue que Gonzalo Cané (Secretario de Cooperación del Ministerio de Seguridad con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos), quien fuera el principal operador del Gobierno Nacional en la investigación judicial de la desaparición de Santiago, se presentó en la causa abierta por Bregman, designando como defensor a Fernando Soto quien como abogado del Ministerio defendió entre otros al prefecto Pinto procesado por el homicidio de Rafael Nahuel en el marco de otro ataque a pueblos originarios en la cordillera, en noviembre de 2017.

El caso de Cané fue señalado como una expresión evidente del escaso apego siquiera formal del macrismo por la tan mentada “República” y la división de poderes, ya que dicho funcionario dejó su cargo en el ministerio de Bullrich en abril de 2018 para retornar a su antiguo puesto como secretario letrado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero hasta hace días mantuvo en su defensa a los abogados del Ministerio de Seguridad. Es decir, abogados del Poder Ejecutivo, con altos sueldos costeados por la población, al servicio de un funcionario del Poder Judicial.

La última novedad al respecto se produjo días atrás, cuando Cané revocó la representación de Soto, para designar a otro defensor de represores: Santiago de Jesús, abogado de efectivos de la Policía Metropolitana implicados en asesinatos como los del Parque Indoamericano, o el de Nehuén Rodríguez en el barrio de La Boca.

Hasta allí un movimiento de piezas más, que sólo confirma la ligazón entre los distintos andamiajes represivos del Estado, ya sean de carácter municipal o nacional. Pero el dato revelador que el CEPRODH brindó en las últimas horas a La Izquierda Diario, es el que expone a algunos de los funcionarios de inteligencia de Gendarmería Nacional que dedicaron meses a espiar a los Maldonado por orden de Patricia Bullrich.


Como recuerda Matías Aufieri, en agosto pasado “presentamos una amplia serie de medidas de prueba, entre ellas para determinar los titulares de algunas líneas telefónicas de Gendarmería que enviaban a otros miembros de esa fuerza información obtenida ilegalmente sobre los movimientos de la familia de Santiago, de los organismos de DDHH, y de la comunidad mapuche. Incluso se pasaban avisos acerca de la investigación en curso sobre el paradero de Santiago, entonces desaparecido, cuando Gendarmería estaba separada de esa investigación por razones obvias”.

Otra medida solicitada por el organismo, hasta ahora resistida por Rafecas, fue “la remisión de la causa conocida como “Operativo Huracán” instruida en la región trasandina de Temuco, y que resultara con la condena del Jefe de Operaciones de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía Mayor de Carabineros, Patricio Marín Lazo, en lo atinente a las conversaciones que dicho individuo, habría mantenido con funcionarios de inteligencia de Gendarmería Nacional Argentina (Rafael Antonio Benz -Jefe del Centro de Análisis de Inteligencia- y Jorge Antonio Domínguez -Director de Inteligencia Criminal-), lo cual habría revestido especial interés y seguimiento por parte de la ministra Bullrich (…)”

Según pudo comprobarse en una causa judicial en Chile que culminó con Patricio Marín Lazo -jerarca de Inteligencia de Carabineros- condenado y encarcelado, aquel coordinó durante varios meses de 2017 junto a los mencionados Benz y Domínguez de Gendarmería, distintas tareas de inteligencia que luego culminaban con líneas de investigación falsas, replicadas por miembros del gobierno y medios de comunicación afines, tendientes a negar la presencia de Santiago Maldonado en donde efectivamente estuvo el 1ero de agosto de ese año como víctima del operativo que lo llevó a la muerte.

El nuevo dato informado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que también interviene en varias investigaciones sobre el accionar represivo en diciembre de 2017 contra quienes enfrentaban la Reforma Previsional, ubica a los mencionados Benz y Domínguez entre los principales jerarcas del operativo represivo del 14 de diciembre de 2017 en los alrededores del Congreso de la Nación, donde se desató una represión feroz contra miles de manifestantes y que culminó con decenas de heridos y detenidos por orden del juez Claudio Bonadío, además de la suspensión del debate de esa repudiada ley hasta el día 18, que culminaría en otra represión mayor aún.

Estos encumbrados jefes de inteligencia de la fuerza favorita de Patricia Bullrich, meses después del encubrimiento llevado a cabo en torno a la muerte de Santiago Maldonado, encabezaban la represión al pueblo movilizado en las multitudinarias jornadas de protesta de diciembre de 2017. Como puede advertirse, estos represores y espías del Estado, en este caso tras la cortina formal de dedicarse a tareas de inteligencia criminal, tienen como rol principal operar contra aquellos que enfrentan las injusticias del régimen. Tarde o temprano, el verdadero rol de muchos de ellos sale a la luz.


Fuente: La Izquierda Diario