Lunes 21 de Octubre de 2019

Sospechas de corrupción

Caso Skanska: piden al fiscal Stornelli que formule la acusación final contra De Vido, José López y Daniel Cameron

Lunes 8 de Julio de 2019
El la vieja sede de Skanska en Buenos Aires, en el microentro. Tras el escándalo, la firma se fue del país. Foto: de Martín Bonetto.
© Clarín

Tras el rechazo de la Casación a los últimos recursos de los imputados, el juez Casanello se apresta a cerrar la investigación por administración fraudulenta y coimas en contratos con la firma sueca para hacer dos gasoductos en 2005.

Después que la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos contra Julio De Vido, José López y Daniel Cameron en la causa conocida como Skanska, por los delitos de administración fraudulenta y cohecho, y la semana pasada la Casación rechazó los últmos recursos de los imputados, el juez Sebastián Casanello le pidió al fiscal Carlos Stornelli que realice la acusación para que la causa sea elevada a juicio oral. Los hechos son del año 2005.

La acusación que el fiscal Stornelli presentará en los próximos días incluye además al ex gerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa, y a ex directivos de la empresa sueca. Los responsables de las 23 empresas intervinientes para las facturaciones falsas con las que intentaron ocultar los pagos indebidos fueron procesadas por el delito de cohecho, y embargados por 14 millones de pesos.

El juez investigó la hipótesis de que Skanska habría pagado sobornos a los funcionarios públicos: "dádivas ilegítimas, justificando dichas erogaciones mediante facturas apócrifas" que fueron compradas a la empresa Infinity Group SA, "con la finalidad de beneficiar a la referida empresa en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur".

Cuando Stornelli formule su acusación, Casanello notificará a las defensas para que se opongan o no a la elevación a juicio, con el que el juez finalmente dará por cerrada la instrucción. Cuando ocurra, De Vido acumulará una nueva investigación por corrupción en instancia oral.

​La causa investiga el Proyecto de Ampliación de Gas 2005 de los gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS), y una serie de obras complementarias, todo financiado por un fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomisos.

Bajo sospechas de coimas, el caso estalló ese año 2005 y desató un escándalo, que incluyó la revelación de escuchas judiciales en las que directivos de Skanska admitían las coimas y el descubrimiento de una gigantesca usina de facturas truchas que la firma usaba para justificar los sobornos en su contabilidad y otros delitos que en su momento investigó el juez penal tributario Javier López Biscayart.

Pero el caso penal terminó cerrándose en 2011 bajo presión del gobierno y con un fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña que integraban los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, hoy removidos. Pero en abril de 2016 la sala IV de la Cámara de Casación ordenó reabrir el caso y que Casanello acelere la investigación.


La finalidad de la maniobra, según el expediente, era "beneficiar a Skanska las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur". El juez Casanello consignó que la licitación pública que debía realizarse como "procedimiento regular de contratación no se realizó" y por el contrario, "se modificó por un concurso privado, al cual se invitaron a unas pocas empresas.

Ese irregular procedimiento de contratación fue un "punto significativo" a partir del cual se dio lugar "a los sobreprecios de las obras". Se estima que la diferencia entre los precios presupuestados y lo pagado por todas las obras del proyecto ascendió a 185 millones de pesos.

Los sobornos detectados en las maniobras bajo investigación, en función del egreso que se "acreditó de la empresa", rondarían los 14 millones de pesos.

Según el magistrado, las irregulares contrataciones y los "ilegítimos sobreprecios presuntamente acordados" constituirían la "contracara de sobornos que ingresaban al patrimonio de los funcionarios".

Durante la instrucción, Casanello entendió que los procesos de licitación advertían precios de obra que estaban "por encima de los valores de referencia". Además, las manifestaciones del apoderado de la empresa sobre la facturación falsa y el "marco reglamentario determinado para hacer posible las contrataciones cuestionadas, apuntan a las más altas esferas del ex ministerio de Planificación".

En el escenario de los sucesos, Julio De Vido, como máxima autoridad del ex Ministerio "diseñó un esquema jurídico de delegación de funciones" que le permitió "a la par de licuar su responsabilidad", determinar a través de sus dependientes directos, el secretario de Energía, el secretario de Obras Públicas (José Francisco López) y el titular del ENARGAS, "las maniobras para direccionar la adjudicación de las obras a Skanska y a las otras empresas.


Fuente: Clarín