Lunes, 17 de Diciembre de 2018

Política

Varias provincias oficialistas y opositoras rechazan el nuevo protocolo policial

Gobernadores y ministros cuestionaron la "falta de sustento legal" y reclaman que el tema se debata en el Congreso Crédito: Rodrigo Néspolo
© La Nación

Gobernadores y ministros cuestionaron la "falta de sustento legal" y reclaman que el tema se debata en el Congreso

La mayoría de los gobernadores rechazó el nuevo protocolo de armas de fuego que habilita a las fuerzas de seguridad a disparar a delincuentes en fuga y sin dar la voz de alto.

El universo de mandatarios que ya decidieron no adherir a la reglamentación que impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich incluye a peronistas, a opositores que no pertenecen al PJ y hasta varios oficialistas.

El caso de mayor peso político es el de María Eugenia Vidal, que no aplicará el protocolo. Sin embargo, según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Cristian Ritondo está estudiando "los términos legales" de la resolución. En La Plata vincularon la reglamentación con la necesidad de "unificar el criterio de acción de las fuerzas federales".

También Jujuy, al mando de Gerardo Morales (UCR), rechazó el protocolo. "No estamos a la altura de Buenos Aires ni Rosario a nivel delictivo. Por el momento, el protocolo no es necesario", dijo el secretario de Seguridad local, Ekel Meyer.

Su par de Corrientes, Juan José López Desimoni, hizo foco en que el protocolo no es vinculante y en que la política de seguridad de la provincia que gobierna el radical Gustavo Valdés está centrada en la "profesionalización" de la policía. "No tenemos obligación de adherir y tampoco es una prioridad", dijo.

En la otra vereda se paró Horacio Rodríguez Larreta, pese a que ayer la Justicia porteña declaró la inconstitucionalidad de la medida. Se le sumó el gobernador mendocino y titular de la UCR, Alfredo Cornejo. "Apoyamos que se cubra legalmente a los policías", dijo. Sin embargo, advirtió que el protocolo " debe ir acompañado de una fuerte capacitación", de la policía.

En el campo opositor la balanza se inclinó claramente hacia el rechazo, aunque con matices. Hubo gobernadores que, ellos mismos o a través de sus ministros, no solo anunciaron que no adherirán al protocolo, sino que además lo criticaron con fuerza. Otros, atentos a no tensar su vínculo con la Casa Rosada, se limitaron a avisar que no lo adoptarán.

"No creo que pase por ahí la solución a la inseguridad", apuntó el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, en declaraciones a Radio La Red. "No necesitamos fuerzas de policía más violentas, sino mejor preparadas y equipadas. Estas cosas [por el protocolo] parecen una solución, pero no van al fondo del problema. Siempre hay una tendencia a buscar soluciones efectistas", lanzó. Además, no ocultó su malestar por haberse enterado de la oficialización del protocolo "por los diarios".

Entre los más duros también se ubicó el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Matías Germano. "[El protocolo] abre la puerta a la legalización de la violencia por parte del Estado y agrede principios del Estado de Derecho", azuzó el funcionario de Gustavo Bordet.

Cerca del gobenador de San Juan, Sergio Uñac, cuestionaron que el nuevo protocolo haya surgido de una resolución y no se haya discutido en el Congreso. "No vamos a adherir. Estamos de acuerdo con toda norma que le dé herramientas para trabajar bien a nuestras fuerzas de seguridad. Pero no de la forma que lo han sacado, de manera inconsulta y sin respaldo legal válido", se despachó el ministro de Gobierno provincial, Emilio Baistrocchi.

En la misma sintonía opinó el ministro de Gobierno de La Pampa, Daniel Bensusán. "Es una política nacional totalmente excesiva. El uso del arma es un caso extremo", opinó el emisario de Carlos Verna.

Más cautos fueron los gobiernos de Córdoba y Tierra del Fuego, que evitaron confrontar con el gobierno nacional. El secretario de Seguridad de Juan Schiaretti, Alfonso Mosquera, planteó que "el único protocolo que rige en Córdoba son los límites que establece el Código Penal" y su par fueguino, Javier Eposto, advirtió que en la provincia "no es necesario cambiar la modalidad de enfrentamiento con el delito". El gobernador tucumano, Juan Manzur también optó por la prudencia. "Todavía no hemos hecho un análisis a fondo", dijeron a LA NACION en su entorno.

La única voz peronista disonante fue la del salteño Juan Manuel Urtubey. "Hay que darles herramientas a las fuerzas de seguridad que enfrentan a delincuentes armados.No pueden ir tocando el silbato", dijo gobernador de Salta.



Fuente: La Nación
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