Domingo, 16 de Diciembre de 2018

Justicia y política

Un juez presidirá el nuevo Consejo de la Magistratura y ya se planteó el tema de Ganancias

El edificio de Tribunales.
© Clarín

Se trata de Ricardo Recondo, quien ya encabezó en otro período el organismo encargado de seleccionar y suspender a los magistrados

Tal lo acordado previamente, los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura se reunieron este jueves por vez primera en sesión plenaria y votaron a sus autoridades, aunque inmediatamente constituidas, con el juez Ricardo Recondo como presidente del cuerpo, se plantearon dos temas de urgente actualidad: el pago del impuesto a las ganancias por parte de los magistrados a la luz de un reciente fallo de la Corte Suprema y la situación del juez federal correntino Carlos Soto Dávila, imputado esta semana en una causa por narcotráfico.

La cuestión de Ganancias fue puesta sobre la mesa por uno de los tres representantes de los jueces en el Consejo, el camarista federal de San Martín Alberto Lugones, con el obvio apoyo de sus colegas Recondo, camarista en lo Civil y Comercial federal, y Juan Manuel Culotta, titular del juzgado federal de Tres de Febrero. El planteo era que no se aplique el descuento mientras no esté reglamentado por el Poder Ejecutivo lo dispuesto en la ley aprobada hace dos años por el oficialismo en el Congreso.

El asunto pasó a la comisión de Administración y Financiera, que presidirá el representante de los abogados porteños, Juan Pablo Mas Vélez, de origen radical y miembro del mayoritario bloque oficialista en el cuerpo. El tema es objeto de negociaciones entre el Ministerio de Justicia y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) que esperan llegar a una solución antes de fin de año.

La preocupación de los jueces es la aplicación del descuento el mes próximo a partir del reciente fallo de la Corte Suprema que levantó una medida cautelar que amparaba a los funcionarios de carrera judicial ascendidos a magistrados en los dos últimos años. Una docena de jueces designados en ese lapso pero por fuera de la carrera judicial ya pagan el impuesto desde 2017.

Por ello, los magistrados plantean la disparidad de salarios entre los viejos y los nuevos jueces y ponen como ejemplo que un secretario de juzgado ascendido a juez pasará a cobrar ahora dos mil pesos menos por mes cuando se supone que debería tener un mejor salario. La nueva ley indica que sólo pagan Ganancias los jueces designados a partir del 1 de enero de 2017 pero no incluye a quienes ya ejercían esos puestos con anterioridad, la gran mayoría.

Según dijeron fuentes judiciales, la intención es alcanzar un acuerdo entre la AMFJN y el Ministerio de Justicia para plasmar esa solución en el expediente donde la institución había logrado el amparo, en el que todavía falta el fallo de fondo, en manos del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari.

De acuerdo con las fuentes, las ideas que se barajan son las de una aplicación parcial de la retracción salarial o que ésta se aplique sobre ciertos items del recibo de sueldo de los magistrados, en principio el sueldo básico, como ocurre con los legisladores, según argumentan los jueces. En el Gobierno creen sentar las bases para que el año próximo se llegue a un acuerdo para que todos los magistrados en funciones paguen ese impuesto.

La situación de Soto Dávila, acusado de encubrir a narcotraficantes, pasó a la Comisión de Disciplina y Acusación, que presidirá el senador justicialista Miguel Pichetto y ahora deberá elaborar un dictamen entre los expedientes que ya tenía abiertos el Consejo y el pedido de desafuero ingresado esta semana por la resolución del juez federal porteño Sergio Torres, que ordenó la detención del magistrado amparado por la ley y por eso aún en funciones.

Soto Dávila debía presentarse este jueves a prestar declaración indagatoria ante Torres en Comodoro Py pero la audiencia se postergó a pedido de su abogado defensor y pasó para el lunes próximo. Pese a las acusaciones en su contra el magistrado no pidió licencia y se mantiene en el puesto, que tiene injerencia también en cuestiones electorales y genera preocupación de cara al 2019 en el que se elegirá nuevo presidente de la Nación y legisladores.

La casi segura citación por el artículo 20 del reglamento del organismo, esto es equivalente a un llamado a declaración indagatoria para que ejerza su derecho de defensa y responda a las acusaciones en su contra, obligará a que el tema pase para febrero próximo, cuando eventualmente podría votarse su suspensión y envío a juicio político.

La representante por los abogados del interior Marina Sánchez Herrero secundará a Recondo como vicepresidenta del Consejo durante el próximo año y Culotta presidirá la comisión de Selección, donde se tramitan los concursos para las coberturas de vacantes de cargos de jueces en el Poder Judicial de la Nación.



Fuente: Clarín
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