Jueves, 15 de Noviembre de 2018
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La denuncia por delitos de lesa humanidad contra el ex director del BCRA Alejandro Reynal

Un pedido de indagatoria y detención

© Página12

El empresario Eduardo Saiegh solicitó que la Justicia indagara y detuviera con prisión preventiva a Reynal, funcionario civil de la dictadura, a quien acusó de participar de su secuestro.

“Treinta y seis años lleva mi demanda de justicia”, remarcó el ex banquero Eduardo Saiegh en el escrito con el que aprovechó la puerta abierta que dejó el fallo de la Cámara de Casación del viernes pasado y pidió que se indague y encarcele con prisión preventiva a Alejandro Reynal, quien fue director del Banco Central durante la última dictadura. Desde hace 36 años, Saiegh lo acusa de haber ordenado su secuestro y los tormentos de los que fue víctima, para obligarlo a liquidar el Banco Latinoamericano de Inversión (BLA), que entonces dirigía y así permitir la estatización de la deuda que con esa institución tenía la compañía de aviación Austral. Uno de los dueños de Austral era William Reynal, primo del ex funcionario de la dictadura señalado por Saiegh.

En las más de 70 páginas que entregó ayer Alejandro Rúa, su representante jurídico, en el despacho de María Servini de Cubría, jueza a cargo del Juzgado Federal 1, Saiegh le exigió que para “asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley”, ordene la detención de Reynal y le tome declaración indagatoria. El petitorio comienza con varias citas extraídas del fallo con el que la Sala II de Casación anuló el sobreseimiento que mantenía al ex funcionario de la dictadura a resguardo de la investigación por el secuestro, las torturas y la extorsión que sufrió Saiegh en 1980 y ordenó al juzgado de primera instancia en la causa –Juzgado de Instrucción Federal 1– que imprima celeridad al expediente.

Saiegh enumeró y detalló en el documento que entregó ayer a Servini cómo y con qué elementos denunció a Reynal ante la Justicia desde 1982 de haber sido el “mentor” de “las maniobras ilícitas perpetradas por una verdadera banda” para “lograr la liquidación del Banco Latinoamericano así como el desapoderamiento” del empresario.

Reynal fue secuestrado el 31 de octubre de 1980. Señaló a “un grupo de tareas de la División Bancos de la Policía Federal” como autores materiales ordenados por “la intervención directa y personal de Reynal”. Tras su liberación “y ante la crisis desencadenada continuaron las extorsiones con destino primero a que me apartara de la dirección del Banco y entregara mis acciones, como para que luego las autoridades del BLA pidieran su liquidación”, a pesar de que había otros compradores interesados en la institución “que también fueron desconsiderados ante la decisión preadoptada de liquidar el BLA, y entrar a su tesoro”. Reynal “participó, junto con las autoridades del Ministerio de Economía –entre ellas José Alfredo Martínez de Hoz– con las que estaba organizado, para la concreción del negociado con Austral Líneas Aéreas, que benefició a su familia a través del rol que también se vio le cupiera activamente a Wiliam Reynal”, primo del entonces director del BCRA.

Resumió la decena de testimonios que, a lo largo de las tres décadas y media, aportaron elementos que confirman su acusación, recordó que en los años previos Reynal fue sobreseído y años después, tras la caída de las leyes de impunidad, nuevamente imputado. Desplegó los argumentos que expuso su querella para insistir en que los hechos que le endilga a Reynal conforman delitos de lesa humanidad; contó cómo con ellos coinciden la Procuración del Tesoro de la Nación, la DAIA, el CELS y hasta la Justicia universal. Postuló las opiniones que en ese sentido sostuvieron a lo largo de los años el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Derechos Humanos, pese a que después de diciembre de 2015 haya cambiado de opinión y abandonado su querella en la causa.

Por último, le reclamó a Servini de Cubría que tenga presente lo planteado por los camaristas Ana María Figueroa, Alejando Slokar y Ángela Ledesma en su fallo del viernes pasado, donde coinciden con su planteo de que los hechos que denuncia conforman delitos de lesa humanidad y le remarcan a la Justicia que en causas donde se juzgan delitos así calificados “existe la inderogable obligación del Estado argentino de investigar los hechos, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, y de esta manera garantizar el derecho a la verdad de las víctimas”. Además de la indagatoria de Reynal y su detención bajo el régimen de prisión preventiva, Saiegh reclamó el secreto de sumario en la causa.



Fuente: Página12
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