Lunes 18 de Noviembre de 2019

Corrupción en la obra pública

Cristina Kirchner rechazó la denuncia que le hizo Vialidad y dijo que es parte de una persecución

Sábado 17 de Febrero de 2018
Cristina Kirchner en el Senado.
© Clarín

La empresa presentó una demanda por $ 22.500 millones. La ex presidenta defendió los contratos con Báez.

Bajo el convencimiento de que todo responde una “persecución política” y que la demanda civil por daños y perjuicios en su contra no es más que un “disparate” y una muestra más de los “incansables atropellos a las leyes de este Gobierno, que quiere dar muerte civil a quienes luchan por un país más justo y de iguales”, Cristina Kirchner respondió al reclamo realizado por Vialidad Nacional en su contra y de los demás procesados en la causa sobre el direccionamiento en la obra pública.

Cristina Kirchner está procesada por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa que determinó que, durante su gestión, su socio comercial Lázaro Báez fue favorecido con millonarios contratos. Esto representó una erogación de $ 46.000 millones a favor del empresario preso por lavado de dinero.

En dicho expediente la Dirección de Vialidad Nacional conducida por Javier Iguacel, demandó a la ex Presidenta y a los demás procesados, por daños y perjuicios: el resarcimiento que reclama el organismo vial es de 22.500 millones de pesos. El juez Julián Ercolini le corrió vista a todos los imputados y una de las primeras en responder fue Cristina Kirchner.

En un tono político, con críticas al gobierno de Mauricio Macri, porque está convencida que se trata de una “causa política”, la senadora de Unidad Ciudadana rechazó el reclamo civil y espera que la causa sea elevada a juicio oral lo antes posible.

“El único argumento que tiene el gobierno en su demanda es la persecución política. La ausencia palmaria de los presupuestos de la responsabilidad evidencia un conglomerado político, mediático y judicial que apunta a denostar, demonizar, difamar y estigmatizar cualquier expresión política que exprese los intereses de los sectores populares”, señala el escrito al que accedió Clarín.

La acción civil no sólo apunta contra los ex funcionarios, Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti, entre otros, sino que también lo hace contra Lázaro Báez como titular o integrante de las sociedades involucradas: “es parte de dicha asociación ilícita habiendo procurado, al igual que los funcionarios públicos involucrados un lucro indebido a favor del mismo o de terceros”, indicó Vialidad.


El reclamo que la ex Presidenta calificó de “disparatado”, es por 22.500 millones de pesos ”o lo que más resulte de la prueba a producir con más sus intereses desde que cada hecho dañoso se produjo y con más los daños punitivos, que se estiman en un 10% del monto de la condena”.

Según la demanda, se diseñó un “esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Báez en detrimento de las arcas del Estado, a través de: simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con varias firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a los incumplimientos sistemáticos, financiamiento desde Vialidad nacional de caminos provinciales, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez”.

La respuesta de la senadora fue directa contra Iguacel a quien definió como “voz cantante de un gobierno de incansables atropellos a las leyes, que quiere dar muerte civil a quienes luchan por un país más justo y de iguales”. Cristina defendió al empresario K al negar que haya sido el “Más favorecido” con la obra pública vial. Y vinculó el planteo a una intencionalidad política. “Las empresas de Lázaro Báez ocupan el lugar Nº 38, con el 0.30% de la inversión centralizada”, resalta el escrito.

Al refutar los sobreprecios dijo que hay una “persecución selectiva del Gobierno” ya que los incrementos de precios originales “se produjeron en todo nuestro país y con distintas empresas y grupos empresarios, entre ellos IECSA y CHEDIACK, carnalmente ligadas a Mauricio Macri”, y señaló que referirse a los costos aumentados a favor del Grupo Austral es producto de una “conducta delictiva es absolutamente absurdo, malicioso y arbitrario, resultando llamativo que los hechos investigados no alcancen a las demás obras y empresas que se realizaron en nuestro país”.

Entre otros argumentos, la ex Presidenta resaltó en su respuesta que no puede “por mandato popular, por comprensión ni por responsabilidad política, contribuir a dicha manipulación jurídica y judicial”, y que ello sería “convalidar tanto el absurdo de la denuncia penal como el de la civil, así como promover la extensión de la persecución a otros dirigentes”.w


Fuente: Clarín