Miércoles 8 de Julio de 2020

Política

Revés a la familia Macri, deuda cruzada y una intervención “total”: un recorrido por la causa del Correo

Martes 3 de Marzo de 2020
© elCanciller

Este martes, la jueza Marta Cirulli sacudió el tablero judicial. La titular del Juzgado en lo Comercial N°6 dispuso la intervención “plena” de la empresa Correo Argentino, que pertenece a la familia Macri, y decidió el desplazamiento de la administración actual de la compañía.

En su dictamen, la magistrada nombró a Carlos María Ferriaro como interventor de la compañía. El objetivo es que el ex juez comercial y árbitro de la Bolsa de Comercio sea quien lleve el día a día de la empresa.

Antes de esta resolución, la Justicia había determinado una “co-administración” entre un contador designado por Cirulli y los directivos que responden a la grupo Socma. La intención era que se resuelva los números definitivos del pasivo que posee el Correo, mientras se define -judicialmente- los reclamos cruzados entre el Estado y la familia Macri.

Tanto la fiscal Gabriela Boquin, como el flamante procurador del Tesoro, Carlos Zannini, apelaron a esa decisión de la coadministración. Ahora, la jueza Cirulli les dio la derecha y planteó la intervención total de la empresa.

“El proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal. Aún bajo la coadministración, resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero”, afirmó la magistrada en su fallo judicial.


Para entender la disputa por el correo hay que remontarse, primero, a 1997. En ese año, el Gobierno -con Carlos Menem al frente del Ejecutivo- decidió privatizar el Correo Argentino. La concesión, por treinta años, quedó para un consorcio integrado por Socma (67%) y socios minoritarios. Sin embargo, el Correo -privado- no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos. En ese momento, la empresa entró en concurso de acreedores .En 2003 el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.

Al paralelo del reclamo estatal, los directivos de Socma -quienes habían incrementado su participación accionaria- presentaron tres denuncias principales contra el Estado por $ 1.700 millones, otros $500 millones y US$ 120 millones, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas. La causa quedó embarrada ante la espera que el fuero Comercial defina ambos recursos. Hasta que Macri llegó a la Casa Rosada: así, tanto Gobierno como la empresa Correo SA llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%.

La fiscal Gabriela Boquín, a cargo de la investigación sobre la nueva estatización del Correo, rechazó la propuesta de Macri al grupo Macri. “Ruinosa, abusiva y cuya irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”, fue su descargo. Macri ordenó el paso a “foja cero” del acuerdo entre Estado y la compañía. A su vez, en el juzgado del juez Ariel Lijo cayó una causa por defraudación con la imputación a Oscar Aguad -por entonces ministro de Comunicación-, la propia jueza María Cirulli y el presidente de la empresa de Macri, Jaime Cibils Robirosa. Esta tarde, la jueza resolvió la intervención total en el Correo SA.


Fuente: elCanciller